La demolición de la salud pública en Venezuela

2015-10-23 05.08.02El contenido social preferente de la salud.

La salud tiene un contenido social preferente  y abarca todos los planos del pacto social constitutivo de una sociedad.

La demanda, es una demanda derivada de un estado clínico del paciente en un momento ante la percepción de un malestar. La asistencia es una variable de flujo (durante un período). El análisis de la salud trasciende al de cualquier otra mercancía sujeta exclusivamente al cálculo económico.

Su naturaleza preferente hace que los comportamientos perversos estratégicos se acrecienten a causa de la debilidad institucional y de la ausencia de análisis de impacto regulatorio, de esta manera confluyen asimetrías de información [1]: de selección adversa, de riesgo moral y de incentivos perversos. Es el drama de la ausencia  del análisis de impacto regulatorio, clave en todo proceso de reforma económica y condición necesaria que precede cualquier ajuste de naturaleza macroeconómica. Males públicos que se recrean en medio de una ausencia de poderes públicos independientes y autónomos (muchos de ellos sin la debida legitimidad)

En Venezuela estamos en presencia de una demolición institucional del sistema de salud.

El entorno económico

El mundo para el año 2016 va a continuar en un estado de fragilidad, los dos gigantes de la economía mundial (EEUU y China) marcan una tendencia donde prevalece la  sujeción de la política económica a la evaluación del impacto regulatorio a través del mercado, no es una dinámica inducida desde la demanda sino desde la eficiencia y la competitividad. No es una fase de crecimiento, mas bien hay un gran parecido a un estado de estancamiento secular, de debilidad de las monedas de los países emergentes junto con el regreso de Irán en el mundo de la energía, todo anticipa  bajos precios de las materias primas.Fragilidad_mundial8

Venezuela inmersa en la fragilidad [2] de la economía mundial debe sumar la fragilidad de su propia debilidad institucional. Entre 189 países estudiados, Venezuela se encuentra en un club nada envidiable de los 10 países con mayor asfixia regulatoria en el mundo [3].

MR2

 

Las partes interesadas del sistema de salud [4].

Pacientes: son las personas asistidas por el sistema sanitario porque tienen alguna demanda específica en relación con su estado de salud.

Ciudadanos: conjunto de personas naturales o residentes del país.

Profesionales: es el conjunto de personas que trabajan en el sector sanitario y asumen directamente la responsabilidad en la prestación de los correspondientes servicios.

Instituciones productoras: las distintas organizaciones que producen servicios sanitarios

Agencias compradoras: empresas como las compañías de seguros u otras agrupaciones de profesionales o empresariales que hacen efectivas las políticas de aseguramiento.

Financiador: quien se hace cargo de los gastos que ocasiona la atención sanitaria. Puede coincidir con la agencia compradora.

Los intereses de los pacientes.

  • Quieren curarse.
  • Consideran secundarios los condicionamientos financieros que pudieran impedirlo.
  • Desean el ambiente más cómodo y agradable posible en los hospitales y centros de salud.
  • Esperan gratuidad de la atención sanitaria que requieran (que el pago de cuotas o tributos garantice totalmente los costos que sean necesarios).
  • Esperan solidaridad de los demás contribuyentes.

Los profesionales del sector salud.

  • Esperan de los pacientes conductas apropiadas y cierta disciplina
  • Esperan niveles predeterminados de satisfacción, no sólo vinculados a condiciones de trabajo y a beneficios en especie, sino también a aspectos retributivos de los gestores de las organizaciones sanitarias .
  • Aspiran que no se entorpezca en demasía su libertad clínica y prescriptora, de tal manera que el sistema cuente con la holgura financiera que reduzca el nivel de exigencia.
  • Esperan el apoyo social al sistema en su conjunto y a su propio prestigio en particular por parte de los ciudadanos.
  • A falta de incentivos específicos, para la adecuada prestación sanitaria y sus condiciones laborales, colocan en primer lugar la retribución por encima de las exigencias financieras del sistema .

Los productores del sistema

  • Desean que los pacientes hagan un consumo racional de los servicios puestos a su disposición.
  • Aspiran a convencer a los profesionales de la salud para que pongan su capacitación y aptitud a disposición de la institución, sirviendo los intereses de las organizaciones en las que desarrollan su actividad.
  • Esperan de la entidad financiadora, fondos estables y suficientes que permitan un marco de compensación estable y adecuado.
  • Esperan la transparencia en los mecanismos de financiación de servicios.
  • De los ciudadanos: buscan obtener su lealtad en la utilización de los servicios, de manera coherente con la reputación con la que cuenta la organización y con costo de los equipamientos puestos a disposición de los profesionales.

Las aseguradoras

  • Las aseguradoras pasan en cierta medida a ser demandantes, probablemente disminuya la inversión neta en salud tanto por la reducción del valor de su rendimiento como por posibles comportamientos más descuidados (riesgo moral) y la demanda de asistencia sanitaria es tanto más rígida cuanto menor sea el peso del copago.
  • En la relación médico-paciente existe una información asimétrica bilateral porque cada una de las partes debe confiar en la otra que dispone de una parte importante de la información.

Los compradores del servicio.

  • Desean que los pacientes hagan una utilización adecuada del conjunto del sistema,
  • Desean una actitud de los profesionales favorable a la satisfacción del usuario, más allá de la capacitación que se les supone, y a una mayor consciencia de los costos incurridos.
  • Esperan de las organizaciones productoras de servicios unas tarifas de actividad que revistan carácter mínimo.
  • Esperan del financiador un traspaso de recursos suficientes con el adecuado traslado de riesgo.
  • Aspiran a que los ciudadanos realicen una elección racional entre los distintos servicios disponibles y exterioricen demandas reales.

Autoridad financiadora.

  • Espera de los pacientes, la aplicación de criterios de racionalidad individual, en contra de cualquier noción de despilfarro y abuso moral ante la libre y gratuita disposición aparente de servicios.
  • Esperara una ética de la eficiencia en los profesionales, destinatarios últimos de sus políticas de pagos y responsables directos, de buen número de gastos en los que incurre el sistema.
  • Espera de quien dé cumplimiento a la cobertura del servicio un estricto respeto a las prestaciones reales incluidas como derechos de los usuarios (de manera comprensiva y sin procesos sesgados de selección de riesgos o de servicios).
  • Espera del ciudadano, como contribuyente, que entienda las medidas de disciplina y control que se arbitren ante la necesidad de garantizar la racionalidad financiera. Obsérvese que, a priori, es este agente el único que tiene el problema financiero como el fundamental en sus preocupaciones. Lo cual puede suponer, en sentido opuesto, que coloque la atención sanitaria propiamente dicha en un puesto secundario dentro de sus preferencias.
  • Procurarán poner límites a esa demanda, inducida o no, en su preocupación por reducir costes

Los ciudadanos.

  • Desean que los pacientes gocen de un nivel de aseguramiento apropiado.
  • Esperan eficiencia, economía y código deontológico de los profesionales.
  • Esperan que la eficiencia a corto plazo de los organizaciones no les lleve a un exceso de especialización o a unos coeficientes de utilización que impidan que, en situación de urgencia, no se pueda acceder al servicio.
  • Esperan un esfuerzo de servicio a unos costes razonables.
  • Esperan del financiador que las cargas fiscales o cuotas para cubrir los costes asistenciales derivados sean mínimas.
  • Desearán que el gasto sea mínimo, como potencial usuario no será partidario de restricciones al servicio por causas presupuestarias.

La evaluación conjetural y el análisis de impacto regulatorio.

  • El control de los fallos del mercado y de los males públicos, si quiere ser eficaz, se desplaza mucho más hacia el control de los incentivos y los desincentivos de la acción humana que hacia al control de variables resultado, como el manejo de subvenciones, de subsidios, de la producción directa por parte del Gobierno y de las asignaciones presupuestarias.
  • Es necesario procurar en la formulación de reglas, normas y leyes, donde sea costoso infringir la regulación, fácil acatarla y poco costosa su administración.
  • Hay que determinar:
    • Lo que se quiere que hagan o no las partes que transan en el mercado.
    • La secuencia que relaciona la norma con la conducta deseada por parte de las partes que transan en el mercado.
  • La administración de la norma debe ser eficiente: sujeta a análisis costo / beneficios.

La situación actual.

Venezuela es un mito, debe pensarse que cuando un Gobierno se califica como socialista, sus indicadores de salud deben ser mejores que la de sus vecinos que no lo son y también la situación debe reflejar un mejoramiento en el tiempo.Salud 1

La realidad es otra, a pesar de la enorme cantidad de recursos financieros durante los últimos 16 años, los indicadores del país están por debajo de la media para América Latina y el Caribe. No solo es que esté por debajo es que en casi todos desmejoró.Salud 2

 

Observen con cuidado que el único indicador que refleja mejora se encuentra aún por debajo [5].

Controles de precios.

En materia de Salud existen dos sistemas de control de precios, uno el establecido en la Ley de Precios Justos y el otro el correspondiente a la resolución 294. La Providencia 294, es considerada de carácter temporal por el Gobierno Nacional, en tanto entraba en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos, con lo cual se establecerían los precios basados en la estructura de costos de las clínicas, como lo establece la nueva Providencia 003 del año 2014, complemento de esta ley. Hasta ahora, existe una situación confusa, pues dependiendo de las circunstancias el Gobierno aplica una u otra.

 


Referencias.

[1] El riesgo moral es un concepto económico que describe aquellas situaciones en las que un individuo, por ejemplo, al estar asegurado deja de tomar precauciones. Selección adversa, son aquellas situaciones previas a la firma de un contrato, en las que una de las partes contratantes, no es capaz de distinguir la buena o mala calidad de lo ofrecido por la otra parte. Un incentivo perverso, acontece cuando tiene lugar un resultado no intencionado y no deseado que es contrario a los intereses de los propulsores del incentivo, la inamovilidad laboral, como no se puede despedir a un trabajador, éste asume comportamientos contrarios a los intereses de la organización.

[2] Venezuela 2016: esquemas para su evaluación. http://prosprev.com/2015/09/18/venezuela-2016-en-el-mundo-esquemas-para-evaluacion/

[3] Venezuela un país con asfixia regulatoria. http://prosprev.com/2015/10/05/venezuela-un-pais-con-asfixia-regulatoria-extrema/

[4] Manuales de dirección médica. http://www.editdiazdesantos.com/libros/catalogos/manuales-de-direccion-medica-y-gestion-clinica-C273.php

[5] Origen de la información presentada en las tablas.Salud 3

Venezuela un país con asfixia regulatoria extrema

El marco lógico.

A estas alturas de desorden y caos económico en Venezuela, las medidas de orden coyuntural: monetarias, fiscales y de ajuste de pagos internacionales, no constituyen una panacea. Mientras no se modifique el marco regulador, para fortalecer las instituciones, no habrá equilibrio que pueda ser restablecido. Así quienes piensan que los ajustes macro-económicos constituyen una solución, deben revisar la consistencia teórica de sus argumentos y presentar evidencia que de soporte a sus hipótesis. El rescate de la institucionalidad, el empoderamiento y la formación de capital social, sujetos a evaluación previa de impacto y de respuesta del mercado son la clave de éxito.

Con un nivel de burocracia y de regulaciones de todo tipo, la corrupción se banaliza y hasta en la empresa privada, más organizada, resulta difícil evitar que su departamento de cuentas por pagar, no solicite al proveedor, su habilitación (coloquialmente llamada en nuestro país “bajada de mula”), para honrar el pago de una deuda. O la cesión de propinas (llamadas coloquialmente “dame una fuercita”), para adelantar un proceso de compra de un cliente. Evidencias de toda naturaleza existen, hasta las formales recolectadas por organismos supranacionales.

La asfixiante regulación de todos los aspectos de la vida que existe en nuestro medio, es de tan larga data que se toma como normal y más lo grave se acepta que su intensificación es un mal necesario. El clamor no es de exigencia para simplificar y optimizar el marco regulatorio. Hay una resistencia en todos los niveles para tratar el asunto. Académicos y consultores prefieren la intensidad de un debate alrededor de temas como la dolarización o reducción del dinero inorgánico, la necesidad de ajuste fiscal, lo imperioso de una liberación de precios y evaden un debate sobre la necesidad de reformas para el rescate institucional del país.

Venezuela, no tiene paralelos para ser comparada, no existe en el mundo un país sentado sobre una plétora de riquezas de todo orden, con un momento estelar de su talento humano, que huye del país. Sin embargo se sigue, se insiste y se pierde tiempo, en discursos coyunturales sobre la dolarización o no, sobre la emisión de dinero orgánico, sobre la liberación de precios, cuando todos esos eventos y factores tienen como raíz primigenia lo estructural: la imperiosa necesidad de reforma de marco regulatorio y del rescate de la fortaleza institucional del país.

En el mundo, las leyes existen para señalar los límites de lo que no se debe hacer, para evitar la invasión del espacio vital del otro. Aquí, a la inversa se debe escudriñar, entre la maraña de leyes, providencias y reglamentos, donde aparezca de manera explícita, clara y sin ambigüedad algo que se pueda hacer, de lo contrario estarás en condición de precariedad jurídica. La condición de venezolano es, de manera técnicamente inevitable, la de un sujeto al margen de la ley, prácticamente todo está sumido a normas de imposible cumplimiento,

La evidencia.

Vamos a utilizar la información estadística ofrecida por el Banco Mundial[1], de los datos fuente nos referiremos varias actividades que califican la eficiencia regulatoria de un país: iniciar un negocio, construir una vivienda, gestionar una conexión eléctrica, gestionar un crédito, exportar e importar. El resumen se muestra en la siguiente tabla:MR1

En una muestra de 189 países nuestro país se encuentra en los últimos lugares. El desorden institucional y las regulaciones extremas, en relación con el inicio de una actividad empresarial, el país se encuentra en el lugar 182, solo nos superan: Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Sudán del Sur, República Centro africana, Libia y Eritrea.

La capacidad de un país para administrar el exceso de regulaciones, a su vez propaga y multiplica el mal uso de los recursos productivos, pues funcionarios mal pagados, con remuneraciones cada vez más erosionadas por la inflación, son fácil presa de la corrupción, de manera que los controles se multiplican para controlar a quienes controlan y a los controlados, en una cadena sin fin de fallos regulatorios.

Los primeros lugares de la lista de 189 países con asfixia regulatoria son [2]:MR2

La información parece sorprendente, quizás porque no es un fenómeno nuevo en nuestro país, es algo corriente desde hace mucho tiempo, nos hemos acostumbrado y lo tomamos como normal. Para quienes dudan de la información presentada, durante el año 2009, en el Centro de Extensión y Asistencia Técnica a la Empresas (CEATE) de la Universidad de Carabobo, realizamos un estudio para un grupo inmobiliario en la ciudad de Valencia, se listaron procedimientos que se deben cumplir y los lapsos que en promedio requiere cada trámite, los resultados se ofrecen a continuación:MR3

El resultado arroja un total de 1.335 días, mucho más de lo que revela el Banco Mundial.

Uno se pregunta a qué obedece esta disparidad en la información. En toda economía con asfixia regulatoria, los promedios esconden la condición extrema de esos lugares, pues hay quienes pueden acortar esos lapsos y no tienen problema alguno que les impida realizar su actividad, como hay otros cuyos proyectos permanecen arrumados en cualquier sitio de la extensa maraña de gestores, gestorías y oficinas que intervienen en los procesos de aprobación de cualquier cosa en esas naciones con asfixia regulatoria.

Esos resultados no causan sorpresa, iniciar una actividad empresarial en Venezuela nos ubica en el último lugar, nadie nos supera, hacerlo requiere une gran dosis de perseverancia. No solo es lo del último lugar, es que nos encontramos distante de los valores medios a 95 % de probabilidad, para tener una mejor idea de la estrafalaria situación el promedio mundial es de 22 días.

MR4

Conclusión

Venezuela necesita, como condición necesaria, a nivel microeconómico, una reforma que simplifique y optimice la manera como se hace política económica, las normas tienen que estar sujetas a evaluación previa de impacto regulatorio, en función de la respuesta anticipada por el mercado, y luego ratificadas en función de excluir o reducir la aprobación de aquellas que generen incentivos perversos, mercados negros y reasignaciones de recursos que no agregan valor social.

A nivel macroeconómico, la otra condición necesaria es la legitimación institucional, para asegurar la autonomía e independencia mutua de los poderes públicos. A nivel de instancias económicas, el Banco Central de Venezuela requiere igualmente autonomía e independencia.

Son contenidos previos sin los cuales, cualquier estrategia coyuntural, de estabilización del poder adquisitivo interno, de equilibrio fiscal y de ajuste de pagos internacionales, no tendrá éxito sea la que sea.


Notas

[1] http://data.worldbank.org

[2] Para el Banco Mundial La distancia a la frontera de una economía se muestra en una escala del 0 al 100 en la que 0 representa el desempeño más bajo y 100 la frontera del buen desempeño.

 

Un país descompensado: las posibilidades de la autogeneración de divisas, de la optimización logística y del análisis de impacto

Extracto

Un país descompensado, con una fuerte reducción de inventarios, en la encrucijada. Es necesaria una rápida intervención para restituir los mecanismos auto reguladores del mercado, hay que estabilizar la economía y extender en materia de política económica la optimización y simplificación del marco regulatorio del país a través del mercado y no sobre la base del control de variables resultado.

La descompensación

Este paciente llamado Venezuela está descompensado, requiere una estabilización de su cuadro clínico, antes de entrar en una fase de restitución de su homeostasis, tratando las causas últimas de la quiebra de su sistema auto regulador económico, político y social. La única vía es dar señales de confianza limpiando los mercados negros “desregulando” la economía. Hay alternativas ya se está trabajando en ello (por ejemplo en sectores como el automotriz, de partes y piezas, procesadoras de alimentos…), todo ello con la mayor prudencia porque en nuestro medio “mediático” apenas se hace un anuncio, sin conocimiento del planteamiento, inmediatamente se le descalifica. No hay otra opción que el fortalecimiento institucional y la evaluación previa y posterior de los impactos de las regulaciones sobre y desde el mercado.

Estamos en una condición cercana de “cero absoluto” a nivel de inventarios, hay presión en todos los mercados, por ejemplo. La pérdida de  confianza es tan grande que se ha venido presentando, en los depósitos de botellas de vidrio, faltantes y mermas fuera de control, que se estima obedece al pillaje ante el surgimiento de mercados negros. Los almacenes están en situación de “cross docking”, lo que entra se re clasifica y sale de inmediato, la amortiguación se ha reducido a siete días en promedio, cuando se debe tener unos 60 días de inventario. Hay un olvido fatal de la micro economía, por parte de nuestros analistas económicos, que siempre tienen a mano las respuestas fáciles de la macro economía.

En algún momento los chinos harán con el país, lo que en la época de Cipriano Castro, hicieron las potencias con Venezuela. Cuando el valor financiero de las empresas venezolanas se aproxime a cero, podrán comprar todo por “tres lochas”, sin colocar una sola fragata, en la rada de Puerto Cabello.

Opciones para la generación de medios de pagos internacionales.

Venezuela siempre ha tenido a la mano opciones para superar sus crisis, incluso en este momento cuando la insuficiencia estructural de divisas es crítica. Definitivamente hay que desregular la economía, simplificar las reglas de política económica de manera que los propios sectores industriales puedan generar por si mismo las divisas necesarias para tener acceso a las compras de su componente importado. El propósito sería el de limpiar la economía del país desmantelando los mercados negros.

Hemos conocido al momento dos formas una, referida al sector procesador de alimentos, y otra, referida al sector automotriz.

Esquema para la industria procesadora de alimentos

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Esquema para el sector automotriz

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Optimización de las cadenas logísticas de aprovisionamiento

Consiste en el ofrecimiento de bienes y servicios en exceso o subutilizados, entre empresas que usualmente compiten o guardan algún tipo de rivalidad, de manera que los excedentes de materias de unos estén a disponibilidad de las que tienen insuficiencia de las mismas. Las reglas básicas suponen confianza mutua y reglas auditables de administración del sistema.

En momentos de crisis, el esquema de competencia, con base en la rivalidad, puede ser relevado por formas de colaboración entre pequeñas y medianas empresas, para alcanzar volúmenes de producción que puedan facilitar el logro de exportación consolidada y conjunta. Los incentivos de la colaboración en situaciones de crisis aumenta frente a la rivalidad.

Ventajas de la limpieza de los mercados negros y la optimización de las cadenas logísticas.

  • Protección del empleo
  • Generación de medios de pagos internacionales
  • Reducción de la escasez
  • Reactivación de la industria
  • Aumento de los ingresos fiscales
  • Efecto de contagio positivo de limpieza de mercados negros
  • Reducción de costos por capacidad (baja de costos fijos unitarios) y por eficiencia (por aseguramiento de la producción continua)
  • Mantenimiento de la continuidad de procesos sin paradas de planta.

Las condiciones necesarias para la reconstrucción del país. Segunda parte (Francisco J Contreras M)

Trip2Extracto.

Una economía tiene un adecuado funcionamiento, en la medida que asegura su homeostasis. Es esa condición, la que permite alcanzar la auto-regulación, a través de dispositivos de retro-alimentación y auto-control, necesarios en estados cuya naturaleza es de equilibrio precario, inestable y dinámico. Es el marco institucional, a través del cual fluye información en forma de mensajes, que hacen cambiar la conducta o comportamiento social e individual, al reaccionar frente a la nueva información (control ex ante) o ante las consecuencias derivadas de la misma (control ex post). La economía del sector público es un asunto institucional, no una cuestión de variables que pueden ser manipuladas de manera absoluta y directa, ellas son simples resultados que permiten calificar una gestión de gobierno. Es necesaria la creación de un marco normativo, donde el sistema se auto-regula a si mismo, a través del mercado.

Equilibrios macro-económicos

La gestión fiscal, para la estabilización de las variables resultado como el empleo, la inflación y el crecimiento (PIB), requiere un enfoque anti-cíclico, formulando un presupuesto con superávit cuando la economía se comporta con niveles de inflación de mas de dos dígitos al año, y con déficit cuando el nivel de inflación es cercano al 2% y hay evidencia de desempleo involuntario.

La política a monetaria, requiere para la estabilización de las variables resultado, una emisión orgánica de dinero adecuada con las metas de empleo, crecimiento y en armonía con la política fiscal. El costo del dinero debe fundarse en tasas positivas de interés en ambiente inflacionario y levemente negativas en situación recesiva.

La política de manejo del sistema de cambiario debe asegurar la confianza, el ajuste de los pagos internacionales y un adecuado balance de reservas internacionales. El manejo del mecanismo de pagos, puede ser bajo un esquema de fijación del tipo de cambio a través del mercado, de cambio flexible o por adopción de una moneda extranjera como signo monetario. La única advertencia es que cualquiera de ellas, aisladas por si mismas, no resuelven ningún problema, sin la debida armonía con el plano micro-económico y bajo un contexto de fortaleza institucional.

Son los fundamentos de una política económica que privilegia la estabilización, la confianza y asegura la correcta intermendiación financiera.

Equilibrios micro-económicos

Para la mayoría de los analistas de entorno, los equilibrios micro-económicos son considerados marginalmente en la evaluación de las políticas públicas, lo cual no sería mayor problema, si los actores económicos no pudieran asumir comportamientos estratégicos e interesados y en una economía sin fallos de mercado. Esos comportamientos oportunistas surgen cuando existen incentivos perversos, es decir, regulaciones ante las cuales el sujeto económico evalúa, por una parte, su poder de negociación ante cualquier transacción para sacar provecho de la ventaja que le ofrezca la regulación frente al contrario, y por otra parte, para evaluar de manera situacional si le resulta mejor la violación de la norma, en función de una evaluación costo / beneficio.

Trip3Toda regla de política económica requiere el análisis de impacto de la regulación en función de la respuesta del mercado y de la evaluación conjetural del costo / beneficio de la violación de la norma, anticipado por el sujeto económico.

El otro fallo de las regulaciones lo constituye la delegación del poder discrecional de decisión, en manos del funcionario, el cual puede generar ineficiencia, si no se crean mecanismos que alineen el interés personal con el interés general.

Esos incentivos perversos hacen ineficaz cualquier política macro-económica, si no se incluyen en el modelo de acción de política económica.

Si existe algo que hacer en Venezuela, es la reducción y simplificación drástica de normas, providencias, leyes y reglamentos. Es muy probable que haya hasta contradicciones entre las mismas.

Estamos en un país con unos elevados costos de transacción y con unas elevadas pérdidas de tiempo revisando, interpretando y buscando viabilidad para emprender una actividad en Venezuela.

Equilibrio institucional

Una de las fuentes de mayor arbitrariedad en el país es la aprobación de Leyes Habilitantes, justificándolas con cualquier evento fortuito, leyes que luego se utilizan autoritariamente para legislar con fines distintos a aquellos para los cuales fueron creadas.

La tentación de la acción arbitraria interesada y sus males, productos de la cesión temporal del poder a los gobernantes, se hacen mayores cuando no existe independencia y autonomía de los poderes públicos, de los unos versus los otros y alternabilidad del ejercicio del poder en el tiempo.

El ejercicio de gobierno tiene su justificación, en los beneficios derivados de la cesión temporal de poder, para que una persona o grupo o institución tome decisiones, cuyo consenso social sería imposible y haría insostenible la vida en sociedad. Pero esa cesión tiene efectos secundarios perversos, cuya única forma de paliar de manera parcial, es a través de contra poderes y por la alternabilidad en el poder.

Si las respuestas a las siguientes interrogantes nos parecen capciosas, entonces hay ausencia de análisis de impacto regulatorio: ¿Cuántos miembros del poder judicial ejercen sus cargos con carácter provisorio?, ¿Cuántas veces el poder judicial ha sido blanco de insultos y presiones desde los otros poderes públicos?, ¿Cómo se puede explicar que hasta en cosas simples como obtener un pasaporte, hay quienes lo pueden hacer con facilidad?, ¿Cómo se puede justificar que haya medios escritos sin problemas de suministros de papel y otros con colosales barreras para conseguir papel?, ¿Cómo es eso de que una Alcaldía aumente los tributos a niveles de porcentajes sobre los ingresos brutos?. De la manera como se responda a las cuestiones, el lector podrá comprobar la existencia del poder arbitrario.

Trip1Consideraciones finales.

Esta propuesta no considera ninguna forma devaluaciones, con el propósito de ajustar el presupuesto fiscal, no es posible en este modelo, no es factible en el marco de una aproximación de política pública anti-cíclica. Tampoco nuestra propuesta tiene como soporte un argumento de estilo nacionalista, patriota o soberano. Lo que si es importante señalar, es que existe la responsabilidad cívica de asumir la obligación como país, de cumplir con el deber de sostener la estabilidad económica, la confianza y el crecimiento económico.

La discusión sobre los orígenes del caos económico en Venezuela y sobre las condiciones necesarias para la recuperación económica enfrenta los siguientes obstáculos:

  • La descalificación de los argumentos presentados a partir del ataque a quien presenta una tesis (es Keynesiano, es populista, es comunista, es neoliberal, es Hayeckiano).
  • El Justificar algo en razón de la cantidad de gente que lo cree algo, por ejemplo,  la mayoría está a favor de la liberación del tipo de cambio, con la dolarización, con tal cosa, se asume que al estar “la mayoría” de acuerdo, se validarían por si mismas los enunciados de una hipótesis o conjetura.
  • La pretensión de que algo es cierto porque así lo dice o lo dijo una eminencia en la materia (muy propio en nuestra Escuela de Economía en el culto a las citas, lo dijo Keynes, Lo dijo Hayeck, lo dijo Marx).
  • Cuando una argumentación que puede ser válida en sí misma, pero que no es relevante en cuanto a lo que pretende explicar, se intenta que se dé por cierta la premisa al reconocerse como válida la argumentación (se está hablando del caos económico de Venezuela y se desvía el discurso hacia el tema de la emisión inorgánica de dinero y la conveniencia de la adopción de un medio de pago extranjero), ante Panacea y las pócimas.
  • Argumentar sin la presentación de los criterios de demarcación y sin evidencia.

Las ordenanzas municipales y la anti economía en Venezuela

Extracto.

Venezuela es un país con una severa crisis fiscal que también afecta a las alcaldías, en algunas la respuesta mas fácil ha sido modificar las ordenanzas municipales, subiendo las alícuotas de patente y comercio en niveles confiscatorios, sin darse cuenta se están deglutiendo el futuro, y mas importante, dañando la base económica local. Es usual que las alícuotas se presenten en tantos por mil, ya algunas alcaldías se ha rebasado los niveles de tantos por cien, con aumentos de mas de 700 %. Otra opción es la de la fiscalización intensa de manera de ajustar la alícuota modificando el objeto de la actividad económica hacia aquellas con mayor tributo o de encontrar cualquier evento que de lugar a sanciones y multas.

Adicción fiscal municipal.

El camino de menor resistencia.

La debilidad institucional y una creencia por parte de los gobernantes en Venezuela, al suponer que son dueños de algo y no representantes de una comunidad, son las fuentes de todo tipo de políticas públicas que lejos de procurar el bien público, se transforman en verdaderos males públicos. Es el camino de menor resistencia, para quien detenta poder discrecional, el cual le otorga impunidad y aureola de efectismo cuando formula providencias o actos de gobierno. Es así que sin la evaluación de las consecuencias y efectos secundarios algunas alcaldías en Venezuela han tomado la vía de modificaciones en las ordenanzas fijando alícuotas que tienen características confiscatorias.

El populismo.

Bajo el imperio de lo mediático se busca la justificación de cualquier desafuero bajo el supuesto de que los actos de gobierno por si mismo favorecen al pueblo, los gobernantes se la pasan a la caza de cualquier descontento popular para en responsabilizar a otros sobre sus causas, olvidando su propia responsabilidad. Por ejemplo, asociar el congestionamiento vial y el mal estado de la vialidad con aquellas actividades que precisamente son las que generan valor económico, empleo y crecimiento en una localidad, ni por pura casualidad analizan el problema para efectuar una correcta evaluación y formular políticas públicas. Ni mejoran la vialidad, ni formulan reglas e incentivos para reducir los efectos nocivos de la actividad económica, simplemente deciden aumentar los tributos sin enunciar los proyectos que van a financiar.

La adición al gasto

La adicción al gasto es una de las patologías mas funestas que sufren quienes tienen responsabilidades de gobierno en Venezuela, no existe en la anti economía pública la noción de escasez de los recursos cualesquiera que sean. Actualmente, en medio de una crisis económica, a algunas las alcaldías no se les ocurre utilizar la economía normativa para aupar el crecimiento económico y el empleo en su lar, sino golpear al sector productivo en su peor momento. No tienen el conocimiento, ni la capacidad y tampoco la creatividad para formular regulaciones que le proporcionen una fuente estable y creciente de tributos a la municipalidad en el tiempo, simplemente buscan extraer en el instante el máximo de renta de los contribuyentes, mas allá de su capacidad de pago. Es una suerte de cacería para modificar el objeto de la actividad económica del contribuyente hacia aquellos de mayor tributación, es también la fiscalización arbitraria en búsqueda de cualquier recurso para fijar sanciones, multas y extraer rentas.

Los principios de la formulación de los tributos municipales

El principio de la capacidad económica o de pago.

La formulación de una alícuota de una ordenanza municipal debe establecerse en función de la renta que se percibe de la actividad económica y de la capacidad de pago del contribuyente, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos, para cada contribuyente. En relación con la renta, la incidencia del tributo sobre el contribuyente tiene que ser igual para todos en términos de proporcionalidad (tamaño de la renta) y progresividad (variación en las escalas de renta). Las alcaldías en Venezuela no presentan en la formulación de sus ordenanzas el cumplimiento y justificación con base en los principios de proporcionalidad y progresividad. Las alícuotas son sobre montos fijos y no son variables según la capacidad de pago del contribuyente (no hay progresividad), y son diferentes entre contribuyentes del mismo ramo dependiendo de la localización administrativa de la sede de la empresa (la diferencia entre los tributos pagados por empresas con el mismo objeto social son diferentes dependiendo de su sede legal).

Eficiencia económica.

El sistema tributario no debe distorsionar la asignación eficiente de los recursos. Esto es, no debe inducir decisiones económicas en los agentes distintas a las que adoptarían en una situación de naturaleza competitiva. Ello significa que el sistema tributario no debe afectar negativamente la eficiencia económica y el buen funcionamiento de la competencia que la hace posible. La política fiscal debe evitar cualquier consecuencia involuntaria que perjudique el funcionamiento de unos en favor de otros y debe suprimir o atenuar las imperfecciones del mercado. La política fiscal debe estructurarse, tanto en su totalidad como en sus elementos constitutivos, de forma que no frene el crecimiento y pueda ejercer una influencia positiva sobre el mismo, si no alcanzase el ritmo adecuado.

Flexibilidad.

Hace alusión a la capacidad de adaptación rápida del sistema fiscal a las variaciones cíclicas y estructurales de la economiía. Remite, por tanto, a las respuestas estabilizadoras de la política impositiva con la finalidad de atenuar los ciclos económicos, y a las adaptaciones del sistema fiscal a los cambios económicos estructurales o de fondo (globalización, innovaciones económicas, etc.). La administración fiscal debe limitar su intervención en la esfera privada de los contribuyentes, y en el ejercicio de la libertad económica individual, al mínimo imprescindible, para la observancia de los principios presupuestario-fiscales y de justicia (considerados como de rango superior) y los asociados a las políticas de estabilización y crecimiento.

Justicia o equidad.

El sistema tributario debe responder a los criterios comúnmente aceptados de justicia en el tratamiento de los diferentes individuos. Estos criterios pueden adoptar dos perspectivas, la equidad vertical, que es el principio que dice que se debe tratar fiscalmente de forma distinta a personas que están en circunstancias diferentes. Y el de la equidad horizontal, que nos indica que a igualdad de circunstancias, el trato fiscal debe ser idéntico. La política tributaria debe alterar la distribución primaria de la renta provocada por el mercado, disminuyendo las diferencias de renta mediante la progresividad. La política fiscal debe evitar intervenciones fragmentarias y asistemáticas que favorezcan o perjudiquen injustificadamente a ciertos grupos económicos, sectores productivos o categorías de gasto, o la adopción de ciertas formas jurídicas.

Territorialidad[1]

El sistema fiscal representado en las ordenanzas municipales son tributos de carácter territorial, por lo que sólo puede causarse en el lugar donde se efectúa la actividad, esto es, en la jurisdicción del Municipio recaudador, independientemente del lugar donde esté domiciliado o ubicado el particular que realiza o ejecuta la actividad. Esta característica obedece al principio de territorialidad como límite de la imposición nacional, estadal o municipal, consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario, según el cual: “las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas”. Ahora bien, en la medida que las actividades comerciales, industriales y de servicios que realiza una empresa trasciendan los límites territoriales de un determinado Municipio, el principio de territorialidad se vinculará con los elementos objetivos del hecho imponible, como el lugar de la fuente productiva y la ubicación de la capacidad contributiva, entre otros, como lo ha expresado el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional del 6-07-2002, caso: Cervecería Polar del Centro, C.A., Vs. Municipio San Carlos del Estado Cojedes:

[…] el impuesto sobre Patente de Industria y Comercio posee carácter territorial, en el sentido de que el poder tributario municipal tiene como límite la jurisdicción a la cual se circunscribe el Municipio acreedor de dicho impuesto. En razón de lo anterior, para que un contribuyente efectivamente se constituya como sujeto pasivo del impuesto en estudio, debe existir una forzosa vinculación entre el territorio del Municipio exactor, y los elementos objetivos que hace nacer el tributo, tales como, el lugar de la fuente productiva y la ubicación de la capacidad contributiva, y no basado en datos personales como el domicilio o la nacionalidad del contribuyente que constituyen datos subjetivos asociados a cualidades personales del contribuyente, típicos de los impuestos personales a la renta o al patrimonio neto [….].

Alcaldía de Guacara variación entre el año 2014 y el año 2015

En un momento de aguda crisis económica en el país, con regulaciones de toda naturaleza para someter precios y costos, los gobiernos municipales no son el mejor ejemplo de cumplimiento de esas intenciones, en un solo año la Alcaldía de Guacara aumento en promedio los tributos en 426%, en algunos caos en 1011%.

Conficc1

El aumento de las alícuotas en las alcaldías tiene un efecto multiplicador, ya que afecta el ingreso bruto de los contribuyentes, si la inflación anticipada para el año es de 80%, el impacto de 426% de aumento en la alícuota impositiva es de 756% a nivel de recaudación. El inconveniente de una recaudación fiscal confiscatoria es que a la larga provoca la quiebra de las empresas y la reducción de la recaudación futura con todos los efectos socioeconómicos sobre la generación de valor económico y sobre el empleo.

Alcaldías de Guacara, San Diego y Valencia.

Tomando como referencia las Alcaldías de Valencia, Guacara y San Diego del Estado Carabobo, y elaborando una tabla de estadística descriptiva, se observa:

  • Una mayor presión tributaria en el caso de la Alcaldía de Guacara (media:1,20 miles por ingresos brutos), seguida por la Alcaldía de San Diego (1,20) y por último la Alcaldía de Valencia (0,69).
  • Un mayor sesgo y asimetría en las alícuotas en el caso de Guacara y Valencia en comparación con San Diego, esto significa que en el caso de Guacara el principio de neutralidad y eficiencia perjudica a unas actividades en relación con otras.Conficc2

La presión tributaria es tan grande en el caso de Guacara que puede alcanzar hasta un 52% del total de la utilidad, mucho mas que el propio impuesto sobre la renta.Conficc3

En Venezuela hay todo tipo de regulaciones económicas, entre ellas la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), que deja fuera de las tablas de costos importantes rubros a nivel de gastos (solo se reconoce el 12,5% de los costos de producción), gastos importantes para asegurar la generación de valor en las operaciones. Hay que señalar que las regulaciones son tan extensas y variadas en Venezuela que las empresas deben crear unidades administrativas y burocracia que suman gastos que en nada contribuyen con las operaciones, que a su vez no son reconocidas por la LOPJ.

Los tributos municipales estarían llegando a un nivel que podría considerarse confiscatorio para las actividades empresariales. Esta voracidad tiende a hacerse mayor en virtud de que el gobierno central, con dificultades fiscales, reduce o incumple con las transferencias que debe asegurar a los gobiernos municipales.Conficc4

Si construimos una tabla de resultados financieros de una empresa, ajustando la misma para cumplir con la Ley Orgánica de Precios Justos, para un caso hipotético y aplicamos las regulaciones tributarias mas importantes el resultado es el siguiente:Conficc5

“eppur si muove”

Venezuela un país dominado por la retórica mediática entre la anti política  y la anti economía, domina la escena todo tipo de propuestas económicas de naturaleza macroeconómica: desde la “dolarización”, la liberación del mercado (de bienes y servicios, de pagos externos,…), la disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, se deja fuera el contexto microeconómico y la existencia de todo tipo de regulaciones cuyos incentivos perversos, factores que de no corregirse en su origen como la debilidad institucional del país y la ausencia del análisis de impacto regulatorio,  en lugar de resolver problemas los agrava. El país reclama como mínimo, la autonomía e independencia de los poderes públicos de los unos con respecto de los otros, es condición necesaria, la presencia de contra poderes públicos que permitan el equilibrio y freno de decisiones arbitrarias sin consideración alguna de sus efectos colaterales directos e indirectos a través del mercado.

[1] http://www.eumed.net/libros-gratis/2009b/563/Impuesto%20sobre%20actividades%20economicas%20de%20industria.htm